Durante los próximos meses, y después de un intenso debate social, educativo y político, en el que los jóvenes y los estudiantes han sido protagonistas principales, quedará aprobada la Ley Orgánica de Educación LOE.

La LOE es una buena ley de educación, que ha sido fruto de la participación, del diálogo, del debate y por tanto del consenso, que defiende la educación pública, que aporta financiación, que elimina la reválida y los itinerarios.

La LOE es una ley progresista, que apuesta por la calidad para todos con igualdad y equidad. La LOE es una ley que garantiza la flexibilidad en beneficio del alumno, la atención a la diversidad, la diversificación curricular, los programas de refuerzo, la autonomía de los centros, …

La Educación para la Ciudadanía democrática, ética y cívica, que fomenta la participación y el ejercicio del pensamiento propio, libre, crítico y en valores; la defensa del medio ambiente o el rechazo a la violencia, especialmente la de género, y la resolución pacífica de los conflictos son valores que están a lo largo de todo el texto.

La LOE lleva consigo una memoria económica de 6031 millones de euros, de los cuales un 58 % aportará el Estado. El resto le corresponde a las CCAA.

Para el año 2006 se prevé una inversión de 346.139 miles de euros, con los que entre otras cuestiones se va a financiar todo el segundo ciclo de educación infantil, que pasará a ser gratuito. En concreto, 150 millones de euros posibilitarán la gratuidad de 300.000 plazas para alumnos de tres a seis años. Las ayudas para los libros de texto aumentan un 10% y beneficiarán a 825.000 familias. En el pasado año un crédito extraordinario de 36 millones de euros para becas posibilitó más igualdad, en el 2006 habrá 1000 millones de euros para becas que suponen 40.000 becas más y aumenta la cuantía de cada beca 2.500 euros de media. Con esta inversión el Gobierno revierte la tendencia negativa del gasto público en educación de los últimos años.

  La LOE garantiza que la enseñanza de las religiones no sea ni obligatoria ni evaluable. La enseñanza de las religiones queda regulada en la Disposición Adicional Segunda, donde indica que se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de España con el Vaticano, y lo mismo con el resto de las confesiones.

La LOE amplía los derechos de los alumnos y su participación en el sistema educativo y garantiza el derecho a asociación y el apoyo necesario para ejercer ese derecho, además de favorecer que las decisiones colectivas que adopten los alumnos con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.

La LOE apuesta claramente por la educación pública y establece un sistema de control sobre los colegios concertados, sobre todo en lo que respecta al equilibrio en la admisión del alumnado y las fuentes de financiación de los centros privados concertados, prohibiendo que perciban cualquier tipo de ayuda o ingreso adicional al establecido en el respectivo concierto.

Por otro lado, desde JSCyL, y desde el respeto absoluto al derecho de manifestación, se hacen algunas consideraciones sobre la manifestación convocada para el próximo sábado 12 de noviembre:

Por parte de las fuerzas conservadoras se están haciendo afirmaciones que en nada contribuyen a alcanzar un pacto educativo, y se está utilizando la tramitación de la LOE como una oportunidad para desgastar al gobierno y aumentar la agenda de la crispación. Con su apoyo a la manifestación convocada por la CONCAPA y por los obispos, el PP demuestra su irresponsabilidad y su escaso interés por lograr un acuerdo en materia educativa. Al PP no le preocupa la enseñanza ni el sistema educativo, sólo aprovecha la coyuntura para sumarse a posiciones interesadas de la privada y de la Iglesia. El PP no confía ni en el sistema educativo ni en los estudiantes, y sus propuestas, plasmadas en su enmienda a la totalidad, son una repetición de la LOCE, donde sólo se recoge su obsesión enfermiza por el estudio de la religión católica, del orden y de los exámenes, demostrando un escaso conocimiento de los parámetros que conducen al éxito escolar, los cuales pasan por el esfuerzo, la participación, el trabajo en equipo, cooperativo, y la evaluación continua.

En torno a las protestas de la escuela concertada, agrupada principalmente en la FERE, la CONCAPA y Educación y Gestión, hay que dejar claro que esta ley no atenta contra la libertad de elección de los padres. La Ley garantiza que los centros no tendrán la última palabra sobre la admisión de alumnos en el caso de haber más solicitantes que plazas en centros determinados, circunstancia que se da normalmente en los centros concertados, los cuales han provocado un desequilibrio en la escolarización de alumnos inmigrantes y con necesidades educativas especiales. La LOE garantiza equilibrio y un ordenamiento racional de la admisión de los alumnos cuando hay más demanda que oferta, acabando con la mano invisible de muchos colegios concertados que amparándose en un precepto constitucional han provocado situaciones de desigualdad y una arbitrariedad selectiva de los alumnos. Las que tienen que elegir son las familias, no los centros.

En lo que respecta a la posición de la Conferencia Episcopal Española, mostramos nuestra satisfacción por el carácter que recibe la enseñanza de las religiones en la escuela, que es acorde con la Constitución y con los Acuerdos con el Vaticano y con el resto de confesiones, ya que todo el que quiera podrá estudiar religión, pero para nadie será obligatorio.

Para los jóvenes socialistas, con la suficiente financiación y la correcta coordinación entre las diferentes administraciones educativas, empezando por la estatal, esta ley es el principio básico para conseguir un sistema educativo público de calidad, con equidad que garantice el ascenso y la cohesión social, la igualdad radical de oportunidades y también el aumento de la competitividad del país y el progreso social global.

No obstante, ahora el debate tiene que seguir produciéndose en el seno de la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso y anima a los agentes educativos y sociales a que alcancen finalmente un pacto social por la educación que posibilite mayor estabilidad en el sistema educativo y un fortalecimiento de la enseñanza pública.